El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su intención de vetar un proyecto de ley de inmigración que fue recientemente aprobado por la legislatura estatal. De acuerdo con DeSantis, la propuesta, que fue llamada «Ley TRUMP», debilita la fiscalización de la inmigración en el estado, en lugar de fortalecerla. El gobernador argumentó que la legislación no cumple con las promesas hechas a los votantes y no está alineada con las necesidades actuales de aplicación de la ley de inmigración en Florida.
Los comentarios de DeSantis surgieron tras un conflicto con los republicanos de la Cámara y del Senado, quienes convocaron una sesión especial para discutir medidas de inmigración. Sin embargo, esta sesión no produjo los resultados esperados por el gobernador. En lugar de considerar sus propuestas, los líderes legislativos decidieron seguir adelante con su propia agenda, ignorando varias sugerencias que DeSantis había presentado.
Entre las propuestas que no fueron aceptadas por los legisladores estaba la idea de enviar vuelos con inmigrantes indocumentados fuera de Florida, una autoridad que actualmente es exclusiva del gobierno federal. Además, los legisladores optaron por no imponer penalidades penales a los policías locales que no colaboraran con la nueva ley federal de inmigración, una medida que DeSantis había defendido.
DeSantis enfatizó que la remoción de extranjeros ilegales requiere una legislación robusta que garantice la asistencia estatal y local en la deportación. Criticó la «captura y liberación» de inmigrantes indocumentados y pidió políticas que protejan a los floridanos de la «inmigración ilegal». El gobernador dejó claro que está preparado para vetar la ley, afirmando que «la pluma del veto está lista».
La «Ley TRUMP» incluye medidas rigurosas, como la imposición de penas de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por crímenes capitales, como asesinato y violación. Además, la legislación reconfigura las penas para aquellos que han sido deportados y regresan al estado para cometer nuevos crímenes. La ley también busca aumentar la cooperación entre las agencias de seguridad pública de Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, DeSantis discrepa de un aspecto de la ley que atribuye la supervisión de la aplicación de las leyes de inmigración al Comisionado de Agricultura, en lugar de al gobernador. Argumentó que este enfoque neutraliza los esfuerzos de las agencias estatales para combatir la inmigración ilegal. El gobernador expresó sus preocupaciones en mensajes públicos, destacando que la nueva legislación crearía obstáculos a la colaboración entre las autoridades locales y federales.
En la mañana siguiente al anuncio del veto, DeSantis continuó comunicando sus razones para discrepar de la ley. Compartió información del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, que indicaba que la propuesta legislativa dificultaría la comunicación y la asistencia entre las agencias, perjudicando la ejecución de las leyes de inmigración en el estado.
Antes de su intento fallido de postularse a la presidencia, la legislatura de Florida, dominada por republicanos, había aprobado todas las leyes propuestas por DeSantis, incluida la legislación de inmigración más rigurosa del país. La situación actual refleja la creciente tensión entre el gobernador y los legisladores, a medida que ambos buscan alinear sus agendas en un tema tan controvertido y polarizador como la inmigración.
